Andalucía regula la actividad de las VTC en las ciudades

El Gobierno de Andalucía aprobó ayer un decreto ley que regula la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) para que puedan seguir operando en las ciudades. Se mantiene la ratio de un VTC por cada 30 taxis, establece zonas de protección para la captación de viajeros, tiempos de descanso y una mayor implicación de los ayuntamientos, que podrán cobrar las sanciones.

Es una regulación «sensata, equilibrada y basada en la seguridad jurídica» con la que «no hay ganadores ni perdedores”, señaló la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

«Se adapta a la diversidad de Andalucía y dista del catalán donde prácticamente las VTC han desaparecido», agregó. La normativa busca «la convivencia en armonía entre este sector y el del taxi» con medidas que limitan la actividad de los VTC que no pueden circular por las calles buscando clientes y la «mano alzada y la parada solo vale para el taxi», añadió.

El decreto ley entrará en vigor el 1 de octubre, el plazo recogido en la ley estatal para que las comunidades autónomas regularan las VTC o, en caso contrario, se prorrogaría y estos vehículos dejarían de operar en núcleos urbanos y pasarían al interurbano, donde tienen una presencia muy residual

La norma no va a «dañar al taxi ni éste va a desaparecer», indicó la consejera. Aseguró que se han recogido todas las propuestas de los taxistas, salvo dos: la precontratación por tiempo, por problemas de seguridad jurídica, y la eliminación de licencias.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, explicó ayer los detalles del decreto ley en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Sobre la precontratación por un tiempo de15 minutos que pedían los taxistas, la consejera aclaró que no ha sido por «capricho» sino por seguridad jurídica para que no se produzcan, como ha ocurrido en otras regiones, reclamaciones judiciales millonarias por parte de las VTC y, además, señaló que no se ha implantado en ningún país esta medida.

Se ha optado por fijar zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

También se prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario solo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate.

En relación a las licencias de los VTC, precisó que las ha concedido el Estado y se mantendrán las que hay actualmente, unas 3.000 en Andalucía, y solo se concederán nuevas en caso de que no se llegue a la ratio de un VTC por cada 30 taxis

Regulación VTC

Los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC (uno por semana sin que coincidan con los días de más demanda) y se aplicará el régimen sancionador del Estado, otorgando la potestad a los consistorios para subir las sanciones a los taxis sin licencia y también se les faculta para recaudarlas.

Los VTC tendrán que aportar más información al registro, además de tener que superar los mismos requisitos de capacitación que los taxistas

Además, el decreto ley establece que en el reglamento se fijarán características técnicas para los nuevos vehículos VTC, que deben ser de color negro, sin rótulos ni publicidad.

En cuanto al tamaño, se fijan mínimos en la ficha técnica original del fabricante del vehículo para evitar accesorios que aumenten la longitud –un mínimo de 4,9 metros, por lo que deberán ser de alta gama; 4,7 metros para híbridos/Eco y 4,5 metros para los cero-emisiones.

El reglamento de la Junta de Andalucía tiene previsto también atender las peticiones de los consumidores para evitar las tarifas abusivas de las VTC en determinados momentos de gran demanda. Se podrá establecer una tarifa máxima conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad y se impone a las plataformas intermediarias la responsabilidad indemnizatoria.

La consejera de Fomento acusa al Gobierno de dejar en manos de las comunidades una regulación «compleja e insegura» y demostrando «cobardía porque debía haber abordado la regulación de las VTC y evitar 17 formas distintas de regulación, así como ofrecer de esa forma seguridad jurídica»

Marifrán Carazo ha hecho hincapié en que se ha dialogado en los últimos años, y sobre todo se ha intensificado en las últimas semanas, con todos los sectores afectados. Ha tendido la mano al sector con una mesa estable para vigilar su cumplimiento y ha extendido la oferta de diálogo a los ayuntamientos para acordar protocolos de colaboración con la Junta para «favorecer esa convivencia entre los dos sectores».

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Fuente: Hosteltur

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